El PSOE ve defectos en los cambios de la Ordenanza de Convivencia
01/10/2010 - 09:45
Por: Redacción
ORDENANZA DE CONVIVENCIA
Exige que sean avalados por un informe jurídico del secretario
El Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha detectado algunas contradicciones y algunos defectos en la modificación que va aplicar el equipo de Gobierno a la Ordenanza municipal de la Convivencia. Una de ellas, la principal, según Eusebio Robles, concejal socialista, radica en las nuevas sanciones por ruidos en domicilios particulares, que ascenderán a una cantidad que oscilará entre los 750 y los 1.500 euros.
Estas cantidades, según los socialistas, chocan con las sanciones de sólo 90 euros que marca la Ordenanza municipal del Ruido para los bares que excedan el nivel de ruido permitido.
Eusebio Robles considera que esta diferencia supone una contradicción y perjudica claramente a los ciudadanos particulares, por lo que pide al equipo de Gobierno que refunda cuanto antes ambas normativas para equilibrar las sanciones por ruidos en todos los casos. El concejal socialista recuerda que la concejala de Seguridad, María José Agudo, prometió refundir todas las ordenanzas existentes en una sola en el plazo de un año, promesa que no ha cumplido.
Además, en la nueva modificación no se fijan los decibelios a partir de los cuales se debe sancionar ni se exige que se deban practicar mediciones de los ruidos en los domicilios, lo que deja al criterio de los agentes de la Policía Local el determinar si se ha producido una alteración de la convivencia. Esto, en opinión de Robles, supone un elemento muy subjetivo a la hora de sancionar a los ciudadanos, lo que podría dejarles en una situación de indefensión.
Sin informe jurídico
El Grupo Socialista tampoco tiene muy clara la legalidad de una de las nuevas medidas que se incluyen en la ordenanza, ya que no va acompañada de ningún informe jurídico de los técnicos municipales. Se trata de la fórmula utilizada por el PP para cambiar las sanciones por trabajos a la comunidad. El Grupo Socialista apoya esta medida, que él mismo propuso durante el debate de la Ordenanza de la Convivencia hace un año. Sin embargo, duda de la legalidad de que sea el Ayuntamiento el que determine, en cada caso, si un ciudadano infractor puede acogerse a esta medida sustitutoria de la sanción económica. Por ello, han pedido al secretario del Ayuntamiento un informe jurídico para que aclare la legalidad o no de esta fórmula.
Asimismo, Robles sigue pidiendo que se incluyan en esta normativa municipal medidas educativas y preventivas para concienciar a los jóvenes y no sólo basarse en la represión para terminar con determinados comportamientos como el botellón que es lo que está haciendo el Partido Popular. De hecho, este concejal señala que la Ordenanza de la Convivencia no ha erradicado el fenómeno del botellón, sino que lo ha trasladado a zonas más apartadas y escondidas de la ciudad donde los jóvenes se juntan huyendo del control policial, lo que añade a este fenómeno una peligrosidad que se suma a la suciedad que dejan en algunos barrios periféricos y al ruido que siguen generando en determinadas zonas de la ciudad.
Eusebio Robles considera que esta diferencia supone una contradicción y perjudica claramente a los ciudadanos particulares, por lo que pide al equipo de Gobierno que refunda cuanto antes ambas normativas para equilibrar las sanciones por ruidos en todos los casos. El concejal socialista recuerda que la concejala de Seguridad, María José Agudo, prometió refundir todas las ordenanzas existentes en una sola en el plazo de un año, promesa que no ha cumplido.
Además, en la nueva modificación no se fijan los decibelios a partir de los cuales se debe sancionar ni se exige que se deban practicar mediciones de los ruidos en los domicilios, lo que deja al criterio de los agentes de la Policía Local el determinar si se ha producido una alteración de la convivencia. Esto, en opinión de Robles, supone un elemento muy subjetivo a la hora de sancionar a los ciudadanos, lo que podría dejarles en una situación de indefensión.
Sin informe jurídico
El Grupo Socialista tampoco tiene muy clara la legalidad de una de las nuevas medidas que se incluyen en la ordenanza, ya que no va acompañada de ningún informe jurídico de los técnicos municipales. Se trata de la fórmula utilizada por el PP para cambiar las sanciones por trabajos a la comunidad. El Grupo Socialista apoya esta medida, que él mismo propuso durante el debate de la Ordenanza de la Convivencia hace un año. Sin embargo, duda de la legalidad de que sea el Ayuntamiento el que determine, en cada caso, si un ciudadano infractor puede acogerse a esta medida sustitutoria de la sanción económica. Por ello, han pedido al secretario del Ayuntamiento un informe jurídico para que aclare la legalidad o no de esta fórmula.
Asimismo, Robles sigue pidiendo que se incluyan en esta normativa municipal medidas educativas y preventivas para concienciar a los jóvenes y no sólo basarse en la represión para terminar con determinados comportamientos como el botellón que es lo que está haciendo el Partido Popular. De hecho, este concejal señala que la Ordenanza de la Convivencia no ha erradicado el fenómeno del botellón, sino que lo ha trasladado a zonas más apartadas y escondidas de la ciudad donde los jóvenes se juntan huyendo del control policial, lo que añade a este fenómeno una peligrosidad que se suma a la suciedad que dejan en algunos barrios periféricos y al ruido que siguen generando en determinadas zonas de la ciudad.