Comisiones calcula que la regularización de horas extra ilegales crearía 14.000 empleos

20/05/2014 - 10:40 Javier Pastrana Margüenda

El secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha asegurado que en Castilla-La Mancha se hacen “medio millón de horas extras ilegales a la semana”. Por eso, desde el sindicato han mandado una carta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que adopte las medidas necesarias para acabar con esta situación. Según sus cálculos, la regularización de estas horas serviría para crear 14.000 empleos directos, lo que serviría para rebajar 4,6 puntos la tasa de desempleo regional y para recaudar, a través de la Seguridad Social, el IRPF y el ahorro en prestaciones, 225 millones de euros para los Presupuestos regionales. Gil también apostó por reforzar las medidas contra el fraude fiscal ya que, según los cálculos que manejan, la economía sumergida representa el 29 por ciento de la actividad que se desarrolla en la región. En caso de estar convenientemente controlada, serviría para recaudar “no menos de 500 millones de euros”.
Regularizar la economía sumergida en la región serviría para recuadar 500 millones
El secretario de CC.OO. considera que el Gobierno regional se está equivocando al aplicar medidas de ajuste, ya que, frente al ahorro de 1.500 millones logrado, se sitúa un descenso en la recaudación de impuestos de otros 1.000. Además, recuerda que el 88 por ciento de los impuestos del IRPF “proviene de la renta de los trabajadores”. A pesar de ello, asegura, se pretenden aplicar bonificaciones por valor de 441 millones a las rentas más altas a través, especialmente, del impuesto de sucesiones y donaciones. Por eso, además de controlar el fraude, proponen cambios en el impuesto de sociedades, para que no graven especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pyme´s), y la creación de un impuesto para grandes superficies que repercuta positivamente en las pyme´s. Desde Comisiones Obreras recuerdan que la política fiscal es “el instrumento más importante” que tienen los gobiernos para garantizar la redistribución de la riqueza. Por eso consideran que es necesario hacer ajustes “para que las rentas más altas contribuyan más”.