Como ya había adelantado este diario, el próximo 1 de marzo cerrarán sus puertas los centros de profesores y recursos (CPR) y los de atención a la escuela rural (CRAE). La Intersindical de Castilla-La Mancha criticaba ayer esta medida y calculaba que, en Guadalajara, la pérdida de puestos de empleo podría elevarse a 80 y, en toda la región, a 500 personas, entre 400 docentes y otros 100 profesionales de administración y servicios.

  Ayer, el Sindicato Ferroviario-intersindical, (SF-CLM), el Sindicato de Trabajadores de educación-intersindical, (STE-CLM) y el sindicato de Trabajadores de administración y servicios-intersindical, (STAS-CLM) convocaron una rueda de prensa conjunta para valorar esta medida, así como los últimos recortes de Guadalajara en servicios públicos, la próxima jornada de huelga del sector público del 29 de febrero y la reforma laboral. En representación de los dos primeros acudieron Meliton Sentenac y Tomás Sancho

   Excusó su ausencia Pilar Merino. Plan de Garantías Tomás Sancho enumeró una serie de situaciones que aseguran están sucediendo en estas fechas en la provincia de Guadalajara. Por ejemplo, en el apartado de sanidad, indicó que “no se está limpiando en los quirófanos entre intervención e intervención a causa de los recortes”. Agregó que “se ha producido el cierre parcial de dos plantas del Hospital, según nos han contado.

  Se han perdido dos UVI móviles”. Por último, Sancho criticó que “las listas de espera se están prolongando en el Hospital” y vaticinó que “esta estrategia culminará con el cierre de los servicios públicos y la derivación a concertados”. Reforma laboral Por su parte, Meliton Sentenac se refirió a la reforma laboral y argumentó que, la Intersindical estaría a favor de convocar una huelga general de rechazo a esta medida. Sentenac enumeró algunas de las consecuencias de esta reforma, aprobada el pasado 10 de febrero por Decreto Ley.

  Entre ellas se encuentra la desaparición de la indeminización de 45 días y 42 mensualidades para los contratos que se celebren desde su entrada en vigor, aplicándose 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Además, se permite el despido objetivo por causas económicas siempre y cuando exista previsión de pérdidas o disminución de ganancias, para despedir con 20 días y 12 mensualidades. Se podrá despedir también por causas objetivas a los trabajadores que se ausenten justificadamente, un 20 por ciento de su jornada durante dos meses –unos nueve días–.

  La reforma contempla también la creación de un nuevo contrato por un año y sin indemnización para las empresas de menos de 50 trabajadores, algo que la Intersindical valoró muy negativamente por el efecto de temporalidad que puede generar. Además, la reforma prevé que los convenios de empresa primen sobre los de nivel superior –del sector o del territorio–, lo que podría desproteger a los trabajadores frente a las pequeñas y medianas empresas.