La crisis como pretexto

   La inmensa mayoría lleva razón cuando afirma, como nosotros, que dejando sin recursos a las personas y a los países no se puede superar la crisis. Y ellos, los miembros de esa exigua minoría que nos gobierna o que decide sobre nuestras vidas y haciendas, lo saben muy bien, aunque no les importe. No harán lo que saben que hay que hacer hasta que no consigan su objetivo: desmantelar el modelo social europeo, un modelo que ha convertido en derecho universal buena parte de los servicios esenciales (educación, sanidad, prestaciones sociales...) y que ha establecido garantías para que los conflictos de intereses inherentes a las relaciones laborales no se resuelvan siempre a favor de los empresarios.

  Hasta que no consigan desfigurar por completo ese modelo, no adoptarán las medidas necesarias para activar la economía. Mientras tanto, no les importa el precio que sea necesario pagar: qué mas les da que se destruyan unos cientos de miles de empleos más, qué mas les da que se arruinen unos cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios más, incapaces de vender sus productos a una población parada o temerosa de estarlo y cada vez con menos ingresos.

  Pero para ellos no ha llegado todavía el momento de atajar estos males. Para ponerse a atajarlos exigen que el terreno esté despejado, es decir, que el negocio mande también en lo que hoy son servicios públicos y que la desprotección de los trabajadores les permita imponer sus condiciones sin resistencia. Y eso es lo que buscan las medidas que ponen en marcha, de forma compulsiva y a menudo atropellada, nuestros gobernantes, fieles peones de esta insaciable política neoliberal impuesta por las instituciones europeas al dictado de grandes grupos de intereses internacionales.

  ¿Cómo entender, si no, las medidas adoptadas y anunciadas por los gobiernos de Rajoy y de Cospedal? Como auténticos profesionales de la poda, un día sí y otro también insisten en la necesidad de recortar aun más las prestaciones, el empleo y la financiación de los servicios públicos. Y como el más despiadado de los empresarios, decretan una reforma laboral que elimina las trabas para el despido, desprotege aun más a los trabajadores y entrega todo el poder al empresario.

  Nuestro presidente y nuestra presidenta utilizan la misma estrategia: atemorizan a la ciudadanía, se amparan en la herencia recibida y anuncian medias terroríficas buscando que, cuando se adopten, mejor cuantas más personas las vivan con resignación y, si es posible, con alivio. Valgan como muestra los planes de recortes de Cospedal y las subidas de impuestos y la reforma laboral de Rajoy. Uno y otra adoptan las medidas con el mismo talante: sin negociar con los representantes de los trabajadores y satanizando a los sindicatos.

  A la vez anuncian que, lamentablemente, en los presupuestos de 2012 todos recibiremos una dosis aún mayor de la misma medicina. Pero cada vez son menos los resignados, mientras que cada vez somos más, incluidos parte de los recientes votantes del PP, los que protestamos y no estamos dispuestos a tolerar que destruyan lo que tanto nos ha costado conseguir.

  Lo estamos comprobando en las huelgas y en las manifestaciones, a las que cada vez se suman más personas y más colectivos. Después de años de movilizaciones contra las medidas adoptadas por diferentes gobiernos, este curso empezamos a movilizarnos en la enseñanza, aunque éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un conflicto que iba más allá de lo sectorial. Pronto comprobamos cómo, a continuación, las agresiones se extendían al conjunto de los empleados y de los servicios públicos; y cómo ahora, con la reforma laboral, los agredidos somos todos los trabajadores.

  Por eso hacemos las manifestaciones y las huelgas que hacemos, que no son sólo sectoriales. Porque no somos sólo trabajadores de la enseñanza y no queremos desertar de nada de lo que somos. Respondemos a las múltiples agresiones de que somos objeto. Nos agreden como ciudadanos cuando recortan y privatizan los servicios públicos; nos agreden como trabajadores arrebatándonos derechos laborales que son derechos humanos, derechos que son conquistas de la humanidad.

  Nos maltratan como empleados públicos recortando empleos, retribuciones y derechos y, además, nos maltratan como trabajadores de la enseñanza deteriorando la calidad de la escuela pública y anunciando su puesta en venta. Por eso nuestra respuesta es múltiple. Somos un sindicato, no un club gremial. No podemos entender la actitud de quienes sólo se movilizan cuando se habla de lo que les diferencia del resto. Nosotros nos manifestamos y nos ponemos en huelga como ciudadanos, como trabajadores, como empleados públicos y como trabajadores de la enseñanza. Y nos alegra comprobar cómo cada vez coincidimos con más personas. Porque sólo entre todos podemos defendernos y vencer.