Menos diputados

Por tercera vez en los últimos años la horquilla de diputados que ha de tener las cortes regionales ha llevado a la discusión política. Primero la modificó el PSOE cuando dio un diputado más a Guadalajara y Toledo y dejó a Ciudad Real con número impar. Se entendió que era su feudo y le daría rédito político, aunque le fallase el tiro precisamente por nuestra provincia. Fue en el 2007. Después sería Cospedal en 2012 la que propusiera subir en otros cuatro diputados el arco y también fue acusada de buscar rentabilidad política por el reparto de esos escaños. Y en tercer lugar llegaría la propuesta más sonora y sin duda populista. La presidenta se desdijo, quitó el sueldo a los diputados regionales (aunque mantengan dietas mayores que los salarios de muchos) y propuso reducir de 49 a 33 el número, lo que ha supuesto la reforma de la ley electoral. Guadalajara y Toledo son los considerados bastiones populares y por tanto la oposición solo ve una estrategia para asegurar la reelección mientras desde el ejecutivo se argumenta que es lo que quiere el ciudadano y que los recortes deben empezar por los propios políticos. Todo ello, seguro, que es verdad. Nos parece muy bien cualquier recorte de gasto público que no afecte a los servicios sociales, sin duda, y entendemos que esta medida debería adoptarse en diputaciones, ayuntamientos, Congreso de los Diputados, todos los parlamentos autonómicos y por supuesto el Senado que sirve para muy poco. La medida complicará la vida a los partidos que tienen que agradecer favores a mucha gente y tendrán menos cargos que repartir, pero lo peor es que cierra la puerta a los partidos minoritarios. Ahora será casi imposible que formaciones como IU y UPyD lleguen a las cortes regionales y tampoco debemos olvidar que la pluralidad es enriquecedora, aunque en la práctica su utilidad sea poco más que la de conocer otros puntos de vista y propuestas de distinto corte. Con sus pros y sus contras, como cualquier decisión, a los ciudadanos en general nos gusta que los recortes lleguen a las administraciones, muy pobladas de representantes de los votantes que, rodeados de asesores y ayudantes, resultan caros en proporción a la productividad de su trabajo. Su reducción, al margen de los posibles fines ocultos, debe ser acogida con satisfacción y pedir su generalización.