Ley para las personas discapacitadas

16/11/2014 - 23:00 Redacción

Las Cortes de Castilla-La Mancha, por unanimidad, aprobaron el jueves la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no sólo es la primera de este tipo después de casi tres décadas de historia autonómica, sino que además sitúa a la región a la vanguardia de la defensa explícita de los derechos de las personas con discapacidad tanto a nivel nacional como europeo y está sirviendo ya de modelo a otras comunidades autónomas. La ley contempla que en el año 2020 el 1% del PIB se destine tanto a estas personas como a sus familias y a las entidades que las representan. De momento, la asignación presupuestaria que demuestra que no se trata de una medida de cara a la galería, sino de una ley real y aplicable es cercana a los 300 millones de euros. El acierto, fruto de la sensibilidad con las personas más vulnerables que ha demostrado desde el inicio de la legislatura el Gobierno de María Dolores Cospedal, queda constatado por el consenso de todo el sector de la discapacidad (CERMI), del tejido asociativo de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha y del Consejo Regional de Municipios y Provincias, e incluso del PSOE. La ley, muy amplia y con aspectos pioneros que desgranamos en nuestras páginas de Región de este lunes, garantiza que todo lo que se haga por las personas con discapacidad se hará contando con ellos. Ayuda a la integración en el mundo de la educación, más viviendas protegidas, beneficios fiscales para las entidades que gestionen servicios para personas con discapacidad, la obligatoriedad de un informe de ‘impacto de discapacidad’ para todas las iniciativas de las diferentes consejerías y responsabilidad de familias, empresas, entidades locales, gobiernos o la propia televisión regional en su protección especial son algunos de los aspectos recogidos. Son muchas las referencias a este sector más vulnerable de la población que el Gobierno regional ha hecho desde 2012. Ahora queda elevado a rango de ley. “Cuidar de las personas y favorecer su desarrollo en igualdad no es patrimonio de ninguna ideología”, como este mismo sábado señaló la presidenta provincial del PP, Ana Guarinos.