La judicialización de la vida política

08/02/2015 - 23:00 Redacción

Ciertamente resulta, por una parte, decepcionante el número de ocasiones en que vemos terminar las trifulcas políticas en los juzgados. Denota incapacidad de diálogo, falta de voluntad de entendimiento, intencionalidad de dañar la imagen del contrincante y malgasto del dinero público pues en estos casos los demandantes no pagan de su bolsillo. Todo esto es aplicable a unos y otros de nuestros representantes políticos. Por otra parte, sin embargo, es gratificante comprobar que existe un sistema judicial que puede frenar los excesos de la política siendo una vía de amparo y protección cuando es necesario recurrir a esta instancia. Los políticos que hacen las normas no pueden estar por encima de todo y los tribunales son una garantía. Después de conocer el fallo favorable al Ayuntamiento de Guadalajara en varios asuntos planteados por la oposición, este pasado viernes conocimos otras dos resoluciones a favor de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal. Una de ellas por vulneración a su derecho del honor por unas manifestaciones sobre la supuesta contabilidad B del PP realizadas por Bárcenas. Nos alegramos. No se puede manchar la reputación y la honorabilidad de nadie sin pruebas por aquello del difama que algo queda, demasiado extendido. La segunda, de mayor interés general, la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley Electoral de Castilla-La Mancha que reduce el número de diputados autonómicos rechazando los argumentos planteados por el Grupo Socialista. El fallo determina que la ley, guste más o menos, es plenamente legal. Lástima que no se aprobase con el consenso que una medida de este calado debería requerir pero el desacuerdo y la visión diferente de la realidad no daban el derecho a hablar de ‘pucherazo’, palabra dura, inapropiada y fea en boca de los demócratas. El sistema funciona, aunque realmente pensamos que la judicialización de la vida política es negativa para todos y debe reservarse para supuestos graves, aunque el acceso a la justicia sea un derecho universal.