Los trapos se lavan en casa

La convocatoria del primer pleno de la legislatura, tras la constitución del nuevo Ayuntamiento, y aplazamiento del mismo por la discrepancia entre los grupos municipales respecto a liberados y comisiones. Peor comienzo imposible para un tiempo político en el que se espera de nuestros representantes mayor capacidad de diálogo y acuerdo. No entenderse fácilmente en un tema de organización interna que afectará al desarrollo del trabajo de las distintas formaciones durante los próximos cuatro años es entendible cuando los criterios de asignación no están reglados y son por tanto interpretables o negociables. Lo que no es de recibo es que el tira y afloja, que siempre se ha dado en estos temas, trascienda de puertas para fuera contribuyendo a empeorar la imagen que de nuestros políticos e instituciones tiene la sociedad. El viernes se comunicó un aplazamiento de pleno, el alcalde compareció para explicar los motivos y poco a poco se fue liando el tema hasta que los cuatro grupos políticos se tiraron los trastos a la cabeza, no por su ideología o forma de ver las cosas, sino por las retribuciones que van a percibir sus miembros, el nombramiento de órganos y comisiones y el establecimiento de personal eventual de libre designación. Es decir, por sus sueldos y la posibilidad de colocar a este o aquel. Lo sabemos, pero, por favor, disimulen un poco. Las elecciones municipales y autonómicas vienen acompañadas siempre de renovación de personas, cambios de asientos y nerviosismo de quienes ven peligrar su trabajo. Es humano, pero se sabe que en la política se entra por un tiempo y los puestos de confianza van ligados a lo que permanezca en el cargo el político. Nadie duda de que todos los grupos deban estar dotados de una infraestructura para poder desempeñar su función y que ésta debe ser mayor cuanto mayor sea el número de concejales que el ciudadano haya otorgado y la responsabilidad de gobierno que se tenga. Prestan, cada uno desde su lugar, un servicio público necesario para la democracia. El reparto debe ser justo, equitativo, objetivo y transparente –es decir que el ciudadano lo conozca-. La escenificación de las disputas por estos temas es lo que, simplemente, está de más. Menos mal que las cosas no son como empiezan, sino como acaben.