Los colectivos agrarios y comarcales de la provincia esperan que las modificaciones en las penas por robos en el campo y sustracción de cable eléctrico sirvan para aumentar la seguridad del medio rural. Dado que la Subdelegación del Gobierno carece de datos sobre criminalidad en el medio rural, el punto de vista de estos colectivos sirve para hacerse una idea de la evolución que está siguiendo los robos en el campo. Ellos consideran que la medida es necesaria, ya que cada vez son más los hechos delictivos de los que son víctimas. “Aquí los robos están a la orden del día, pero los agricultores se cansan de denunciar”, explica el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), Antonio Zahonero. Desde La Otra Guadalajara, Ángel Luis López considera que, con el cierre de cuarteles, “cada vez hay menos seguridad en el medio rural”. Desde la Asociación Serranía de Guadalajara, Raúl Conde confirma el aumento experimentado en el último año. “La inseguridad que sufre la Sierra va en aumento y se concentra, sobre todo, en los meses de invierno, aprovechando la despoblación que sufre la comarca”. Por último, en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cipriano Ramiro, apunta que han detectado un aumento de robos en las zonas más cercanas a la A-2. “Se han trasladado a la zona de la Alcarria y la A-2, así se pueden refugiar más rápido en Madrid”.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha iniciado una ronda de reuniones con asociaciones agrarias para dar a conocer el borrador del nuevo Código Penal, que hace especial incidencia en dos aspectos. El primero de ellos es el de la multirreincidencia y va dirigido a “aquellas personas que vienen realizando sistemáticamente hurtos en el medio rural”, explicó Labrador. En los casos en los que se determine multirreincidencia se endurecerá la pena de dos a cuatro años, con lo que se impedirá la suspensión de la condena. El segundo de los delitos agravados es el de sustracción de material eléctrico en explotaciones agrícolas, lo que se denomina comúnmente como robo de cobre.
Ahora queda saber si esta medida servirá para reducir los delitos en el medio rural. El responsable provincial de UPA considera que “seguirán existiendo robos porque no son los suficientemente duras, pero es mejor que lo que tenemos ahora”. Desde La Otra Guadalajara y la Asociación Serranía de Guadalajara, sin embargo, consideran que debería ser prioritario reforzar la presencia de agentes en el medio rural.
En este sentido, Conde apunta que “deberían aumentarse los efectivos de seguridad en la zona, porque son a todas luces insuficientes”. Así, explica que en Hiendelaencina no hay cuartel de la Guardia Civil desde los años ochenta. “En el de Condemios debe haber dos números, si los hay algún día porque no es un puesto permanente”. En Atienza, “hay días que el ciudadano solo se encuentra dos efectivos y también van escasos de personal en los de Cogolludo y Jadraque”. Por eso consideran que “la desprotección de los ciudadanos de la zona es patente”, como se puede comprobar a través de los “sucesivos robos que se producen, tanto en primavera como en verano”, en la zona del Ocejón alrededor de Majaelrayo; en la del Alto Rey, Las Minas y comarca; y en la Sierra de Pela, Galve de Sorbe, los Condemios y Cantalojas. “El problema se arrastra desde 2010, cuando en toda la Sierra comenzó a notarse un repunte de los actos delictivos”.
Ángel Luis López apunta que la comarca molinesa también vive una situación similar, apuntando el hecho de que “las explotaciones están en núcleos de población casi deshabitados. En una noche pueden entrar en diez o doce casas y que no se dé cuenta nadie”. En su caso, explica que “vemos gente sospechosa casi a diario. Vehículos escondidos que, cuando los ve, se marchan”. A esto hay que sumar el aumento de timos a personas mayores. “Hay casos en los que dos personas van a la casa de un señor y mientras una le pide un vaso de agua la otra se le cuela por las habitaciones y se las limpia”. Sin embargo, considera que el problema real “es que no contamos con efectivos que puedan venir y, cuando pueden venir, se puede dar el caso de que tarden una hora en llegar”.

Denuncias inútiles
En UPA desconfían de los resultados que puedan tener estas medidas y detectan una circunstancia compartida con Molina, la preferencia de los delincuentes por zonas limítrofes entre provincia. Según lo escuchado entre los socios, es el entorno de la A-2 donde más aumento de robos se ha detectado, sobre todo en la Alcarria, mientras caían en la Campiña. De todas formas, Ramiro recuerda que sus datos no son oficiales. “Y aunque tuviéramos datos oficiales, hay mucha gente que ya no denuncia. Nosotros les decimos que lo hagan, pero consideran que no vale para nada”. Lo mismo dice Zahonero desde Apag. “Se cansan de denunciar”. Sobre todo, porque a veces los materiales sustraídos son de poca importancia. “Es más el destrozo que te hacen que lo que se llevan”. Sin embargo, esto refuerza las prácticas de quienes se consideran legitimados para apropiarse de material ajeno. “Yo he visto a gente saltando vallas de casas para llevarse chatarra y claro, eso luego no se denuncia”, explican desde La Otra Guadalajara.