Cinco imputados, tres de ellos funcionarios de Agricultura, por el fraude en los cotos de caza

 

  La Guardia Civil ha detenido durante esta semana, en el marco de la operación denominada Estipendio, a cinco personas presuntamente implicadas en un delito de cohecho relacionado con los cotos de caza de la provincia. Tres de ellos son funcionarios de la Delegación provincial de Agricultura, donde se personaron los agentes en la mañana del martes y tras entregar al coordinador de los Servicios Periféricos la orden judicial procedieron a la detención de estas personas, así como al registro de los despachos y los ordenadores.

 

  A estos se sumaron posteriormente otros dos detenidos, según adelantó la SER, importantes empresarios del país. Todos ellos prestaron ayer declaración ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Guadalajara en las Diligencias Previas 3850/2012 abiertas para investigar la comisión de posibles delitos de cohecho y falsedad documental. A última hora de la tarde de ayer, el titular del Juzgado decretó para uno de ellos prisión provisional comunicada y sin fianza, mientras que los otros cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fueran llamados.

 

  A todos se les imputa de manera provisional un presunto delito contra la Administración pública en su modalidad de cohecho y presunto delito de falsedad documental. Además, el titular del Juzgado mantiene el procedimiento bajo secreto de sumario. Cinco meses El subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez, confirmaba en la mañana de ayer que los agentes llevaban unos cinco meses trabajando en esta operación en colaboración con la Fiscalía y que ahora dirige dicho Juzgado. “Es un proceso que está abierto, que se sigue investigando, ha habido muevas detenciones y puede que haya más”, decía Sánchez Sánchez-Seco. Ante la posibilidad de que entre los imputados hubiera altos cargos, Sánchez era claro: “todo lo que sea descubrir cualquier irregularidad o un posible delito creo que es bueno para toda la sociedad.

 

  En cuanto a la caza, creo que es una de las riquezas de la comunidad y la provincia y que debemos tratar de explotar, pero hacerlo por los cauces legales”. El subdelegado felicitó a la Guardia Civil por el trabajo que está realizando en colaboración con el Juzgado. El delegado de la Junta, José Luis Condado, reiteró la disposición del Gobierno regional a colaborar con la Justicia para tratar de esclarecer estos hechos. En cualquier caso, dejaba claro que prevalecía la presunción de inocencia de los tres trabajadores hasta que se les juzgue. “La Junta es la primera interesada en el esclarecimiento de los hechos, que desconozco como delegado”, apuntó.

 

  La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, por su parte, adelantó ayer que la Junta ha iniciado los trámites para personarse como acusación particular en esta causa y ha abierto un expediente a los trabajadores. Soriano aseguró que la Junta va a adoptar “todas las medidas cautelares ajustadas al derecho, que contribuyan a que la investigación se desarrolle de forma ágil”. En un coto de la Sierra Norte Todavía está por determinar el alcance real que tendrán las investigaciones que se están realizando sobre estos hechos. Sin embargo, uno de los puntos que este periódico ha podido confirmar a través de diversas fuentes es el papel fundamental que jugaron los agentes medio ambientales de la provincia.

 

  Tal y como adelantaban desde Comisiones Obreras, fueron ellos quienes hace ya unos dos años detectaron irregularidades en un paraje de la Sierra Norte. Según señalaron otras fuentes a Nueva Alcarria, los hechos tuvieron lugar durante los meses de verano de 2010. Tras pedir documentación a un cazador que, supuestamente, tenía un permiso especial de caza, los agentes sospecharon que el documento era falso. Por este motivo decidieron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que fue quien a partir de ese momento se encargó de continuar las investigaciones. Sospechas A quienes tampoco ha sorprendido la noticia es a los miembros de Ecologistas en Acción.

 

  En un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación, aseguraban que “hasta ahora todo eran sospechas de que algo olía mal en este asunto de la gestión de expedientes de caza en Guadalajara”. Uno de sus portavoces, Miguel Hernández, apunta que “tanto en los ambientes de Delegación como entre los cazadores existía un runrún”.

 

   Estos rumores iban en una misma dirección. “Decían que en la Delegación se podía conseguir cosas sin pasar por los procedimientos reglados”. Por desgracia, Hernández reconoce que no llegaron a reunir pruebas suficientes para sacar el caso a la luz. “Si las hubiéramos tenido, habríamos presentado una denuncia”.

 

  Por eso se alegran de la apertura de esta investigación oficial, ya que sirve para poner “el foco sobre una cuestión encubierta por el interés de los beneficiarios de estas malas prácticas y por el silencio cómplice de quienes les rodean”. Por el momento, la investigación sigue abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.