La Justicia paraliza cautelarmente una actuación del alcalde de Cabanillas

14/04/2014 - 15:11 Redacción

El Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara ha suspendido cautelarmente una resolución administrativa del alcalde de Cabanillas del Campo, Jaime Celada, por la que autorizaba una permuta de una plaza de policía local entre un agente de la localidad y otra procedente del municipio madrileño de Alcobendas. Dicha permuta, que Celada aprobó por decreto, incumple varios requisitos legales y tenía informes contrarios de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento cabanillero, del oficial jefe de la Policía Local de Cabanillas e, incluso, ha sido denegada por la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A pesar de todos los informes contrarios a su actuación, el alcalde del PP de Cabanillas del Campo ha seguido adelante con su resolución hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado su suspensión cautelar a instancias del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cabanillas. La actuación de Celada ha supuesto que, entre otras cosas, la agente esté prestando servicio desde hace cinco meses en el municipio de forma irregular, al no haber sido inscrita por la Junta de Comunidades, disponiendo del arma reglamentaria que el propio alcalde ordenó poner a su disposición por decreto firmado el 5 de noviembre de 2013.
Ahora, con la suspensión cautelar de la permuta de plazas de policía local, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cabanillas, José García Salinas, advierte que “las multas o atestados que esa agente de policía haya podido realizar durante este tiempo carecen de validez y, además, está el problema de la posesión de un arma en manos de esa persona sin cumplir los requisitos legales establecidos por una decisión unilateral e irresponsable del alcalde”. Celada impuso su decisión en contra de todos los informes El origen de la decisión de Celada que han paralizado los tribunales es una permuta de plaza solicitada por un agente de la policía local de Cabanillas con otra agente de Alcobendas.
En dicha solicitud concurrían dos incumplimientos de los requisitos legales exigidos: por una parte, el agente de Cabanillas había disfrutado de otra permuta hace menos de diez años, que es el plazo mínimo establecido para volver a pedir un cambio de plaza. Y, por otra parte, la legislación establece que las permutas de plazas de policía local deben hacerse entre agentes de la misma comunidad autónoma y entre personas con plaza de la misma titulación académica, algo que no se cumple de ninguna manera en este caso, al tratarse de un intercambio con una agente de un municipio madrileño, donde además se exige una titulación inferior a la estipulada en Castilla-La Mancha.
Todos estos extremos fueron advertidos por los informes de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y del oficial jefe de la Policía Local del municipio. A pesar de ello, Celada autorizó la toma de posesión de la agente de Alcobendas como policía local de Cabanillas el 4 de noviembre de 2013. Un día después, el 5 de noviembre, el alcalde del PP ordenó que le dieran un arma a la nueva agente, aunque no solicitó su inscripción oficial como policía local hasta un mes después (el 11 de diciembre de 2013), ante la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades.
La Dirección General de Protección Ciudadana resolvió dicha solicitud el 21 de enero de 2014, denegando la inscripción de esta agente como policía local que presta servicio en un municipio de Castilla-La Mancha, fundamentando su decisión nuevamente en que no se cumplían los requisitos de la permuta ni por plazos ni por titulación académica de las dos personas que intercambiaban la plaza. Todo el proceso fue denunciado por el Grupo Socialista ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que el pasado 2 de abril resolvió suspender cautelarmente la permuta hasta la celebración del juicio, previsto para abril de 2015, atendiendo la solicitud de medidas cautelares.