Salud Pública intervino en más de 1.000 actividades cinegéticas en la temporada 2013-14
17/04/2014 - 11:59
Los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales, a través de los veterinarios colaboradores con el Servicio de Salud Pública, intervinieron el pasado año en 863 actividades cinegéticas con éxito en la provincia de Guadalajara. Se celebraron un total de 1.093 cacerías, si bien en 230 de ellas no se obtuvieron piezas. En la provincia, un total de 87 veterinarios realizaron funciones de inspección de las piezas abatidas en las cacerías.
En la pasada temporada fueron abatidos un total de 5.711 animales en caza mayor. La cifra de jabalíes ascendió a 2.638, de los que 1.956 fueron para autoconsumo y el resto para comercialización. La cifra de ciervos fue de 2.811, de los que 1.988 se comercializaron. De los 222 gamos abatidos, 49 fueron para autoconsumo y el resto para comercialización. Mientras que 27 muflones de los 40 abatidos fueron para comercialización. Salud Pública decomisó por triquinelosis siete jabalíes abatidos en seis municipios diferentes de la provincia. Competencias de los veterinarios Los Veterinarios Oficiales de Salud Pública y los Veterinarios Colaboradores controlan la recogida, transporte e inspección sanitaria de las piezas de caza silvestre, mayor y menor, destinadas a la comercialización para consumo humano. Estos profesionales son los responsables de llevar a cabo la inspección sanitaria de la carne de caza, de vísceras y canales.
En la inspección de jabalíes, además, se efectúa un examen para detectar la presencia de triquina. Entre sus competencias está la expedición del certificado de inspección sanitaria de carne de caza y la identificación de las piezas de caza con precintos o marchamos. En el supuesto de que las carnes no cumplan con los requisitos legales establecidos, deben proceder a su decomiso y declaración de no aptas para el consumo humano.
En este caso deben controlarlos hasta su retirada o destrucción. Finalmente destacar que los veterinarios de los Servicios Periféricos también deben declarar ante los órganos competentes, en un plazo máximo de 24 horas, cualquier sospecha o confirmación de zoonosis. Asimismo deben recibir y archivar la documentación obligatoria que tiene que presentar el organizador de la cacería.