Las comunidades autónomas adeudan más de 15.700 millones de euros a sus proveedores sanitarios (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y conciertos público-privados), a quienes debería pagar unos 930 millones más en concepto de intereses anuales de demora, según lo establecido en la actual Ley de Morosidad.

Así se desprende de un informe sobre el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) presentado este miércoles en el III Encuentro Especializado 'Gestión de Cobros al Sector Público Sanitario', organizado por Unidad Editorial. 

La actual Ley de Morosidad establece que las administraciones tienen 50 días de máximo para pagar a sus proveedores y, en caso de sobrepasar este plazo, los acreedores tendrían derecho a unos intereses de demora que, de no quedar establecidos por contrato, se regirían por el tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación (subasta a tipo fijo) más siete puntos porcentuales.

Actualmente, las comunidades superan estos plazos de demora con prácticamente todos sus proveedores y, de hecho, de los más de 15.000 millones de euros de deuda ya ha vencido un 74 por ciento (unos 11.620 millones).

De este modo, y teniendo en cuenta el tipo de interés de demora correspondiente al primer semestre de 2012, que sería de un 8 por ciento, el IDIS estima que las comunidades deberían de pagar 930 millones de euros más en concepto de intereses.

El mayor porcentaje de estos intereses iría a parar tanto a la industria farmacéutica (465) como a las empresas de tecnología sanitaria, con quienes acumulan la mayor parte de la deuda (6.369 y 5.230 millones respectivamente, a fecha de diciembre de 2011).

Además, ambos sectores también acumulan los retrasos en el pago más acusados, ya que las comunidades tardan en pagar unos 525 y 473 días de media respectivamente por el suministro de fármacos y la adquisición de equipos de tecnología.

Junto a estos, las administraciones también deberían pagar 74 millones de euros de intereses de demora a las clínicas privadas (por los 1.462 millones que les adeudan), 36 millones a las oficinas de farmacia (a quienes deben 1.930 millones, la mayoría todavía dentro de plazo), y 27 millones por conciertos de la red pública.

Por el momento, según los datos recopilados por este informe, las comunidades de País Vasco y Navarra son las únicas que se aproximan al plazo máximo de pago exigido por la legislación en lo que a deuda visible se refiere.

De hecho, en el pago a la industria farmacéutica y a las empresas de tecnología sanitaria estas comunidades apenas tardan entre 55 y 75 días de media.

En cambio, otras como Castilla y León y Cantabria son las que más tardan en pagar a las farmacéuticas, con más de 800 días de media en todos los casos, sólo superadas por Comunidad Valenciana, que roza los 900 días de retraso (884).

En el caso de la deuda con las empresas de tecnología sanitaria, los mayores retrasos los protagonizan la Comunidad Valenciana (841 días), Cantabria (742), Andalucía (713), Castilla-La Mancha (707) y Murcia (693).

Ante esta situación, el IDIS insiste en la necesidad de establecer un plan de pagos para deuda vencida, establecer mecanismos que permitan la financiación de estas empresas hasta el momento del cobro y, de cara a este año, normalizar el pago de suministros y servicios ofrecidos y asegurar unos periodos de pago comunes para todos los proveedores.